Pago de Alimentos: 2012

miércoles, 18 de enero de 2012

Proyecto Senador Jose Antonio Gomez sobre modif. ley 14908

Proyecto que modifica ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias

by admin, on 153 días ago , under Proyectos en Trámite

Se propone una modificación a la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en orden a disponer la facultad del juez de asegurar el pago de las pensiones de alimentos ordenando el traspaso de fondos de la retención de la devolución de impuestos o de la cuenta de capitalización individual del alimentante a la cuenta del tribunal para proceder al pago de las pensiones insolutas, en caso de incumplimiento de las obligaciones alimentarias del primero, y decretadas que hayan sido, al menos en dos oportunidades, los apremios que al efecto dispone la ley. Para ello, se propone incorporar un nuevo número tres al artículo 16 y un nuevo número cuatro al artículo 19 de dicha ley de dicha ley.
1. La legislación nacional sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, Ley Nº 14.9081, dispone de diversos mecanismos destinados a asegurar el pago de las pensiones por parte de los alimentantes.
En efecto, los artículo 14 y siguientes de la citada ley disponen de medidas de apremio frente al incumplimiento del alimentante de su obligación decretada por una resolución que cause ejecutoria, dictada en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado.
De conformidad con el artículo 14 de la citada ley, tales medidas son procedente cuando el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la “forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones (…)”.
Las medidas de apremio que actualmente contempla la ley son: a) Arresto nocturno hasta por quince días (artículo 14); b) retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias; y suspensión de la licencia de conducir (artículo 16).
Estas medidas, sin embargo, al constituir apremios, no aseguran el cumplimiento, pues este estará necesariamente supeditado a que pueda ubicarse al infractor, en caso de arresto; a que sus declaraciones de renta, de haberlas, supongan una devolución de impuesto; y que el alimentante posea licencia de conducir. Todos los casos sujetos, también, a que el infractor disponga de las prestaciones necesarias para cumplir su obligación.
2. La obvia exigencia de las condiciones concurrentes hacen que las medidas dispuestas por la legislación nacional para asegurar el cumplimiento de obligaciones alimentarias sean insuficientes en su objetivo, provocando perjuicios en los alimentarios, los que ven disminuidas la satisfacción de sus necesidades básicas.
Otros mecanismos previstos en la ley Nº 14.908, como la retención de la remuneración del obligado por parte de su empleador y la responsabilidad solidaria del que perturba el pago, tampoco han sido suficientes para evitar variadas formas de evasión de obligaciones alimentarias.
3. Superar tales deficiencias supone introducir modificaciones legales que permitan satisfacer las obligaciones alimentarias impagas de manera directa en el patrimonio del alimentante, prescindiendo de la voluntad de pago de este último. Ello, sólo puede alcanzarse si se afecta parte del patrimonio del alimentante infractor, como son la devolución del impuesto a la renta y las cuentas de capitalización individual de los seguros o de los fondos de pensiones.
Nuestra legislación ha recurrido a estos fondos para la satisfacción de obligaciones de similar naturaleza que las alimentarias. En efecto, la Ley Nº 20.2552 dispuso la facultad del juez que conoce un juicio de nulidad de matrimonio o divorcio, luego de constatar un menoscabo económico del que resulte una compensación a favor de un cónyuge, para ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado.
4. Una medida como la descrita permitiría el retiro de parte de los fondos del infractor para satisfacer las prestaciones impagas, y afectaría a los alimentantes que se encuentren en el supuesto del artículo 19 de la citada ley, que corresponde a aquellos en contra de los cuales se hubieren decretado dos veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, ya descritos.
En consideración a los argumentos expuestos anteriormente vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único: Modificase la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del Ministerio de Justicia, publicado el 30 de mayo de 2000, de la siguiente manera:
1.- Incorporase el siguiente número 3 nuevo al artículo 16
“3. Ordenará la retención desde la cuenta de capitalización individual afecta al DL 3500 de 1980, del alimentante, en un monto equivalente a las pensiones insolutas.”
2.-Incorporase el siguiente número 4 nuevo al artículo 19
“4. Ordenar el traspaso de fondos desde la Tesorería General de la República o desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500, de 1980, del alimentante, el monto equivalente a las pensiones insolutas, a la cuenta del tribunal para proceder a la cancelación de las deudas por pensiones

lEY 14908.Sobre abandono de familia y pago de alimentos.Ultima modificacion año 2007

LEY Nº 14.908

SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y

PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

-Incluye modificaciones de

-Incluye modificaciones de
Ley 19.741 de 24 de Julio de 2001Ley 20.152 de 09 de Enero de 2007
Artículo 1.

Será competente para conocer de las

De las

La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. Si aquélla es menor, el juez deberá ejercer la facultad que le otorga el artículo 19 de la ley Nº 19.968, en interés de la madre.
De los juicios de alimentos, conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último. Estos juicios se tramitarán conforme a la ley Nº 19.968, con las modificaciones establecidas en este cuerpo legal.demandas de aumento de la pensión alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del alimentario, a elección de éste.demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario.
Artículo 2.

El demandado deberá informar al tribunal todo cambio de domicilio, de empleador y de lugar en que labore o preste servicios, dentro de treinta días contados desde que el cambio se haya producido.

Al demandado que no dé cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior se le impondrá, a solicitud de parte, una multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.
El procedimiento se sujetará a lo dispuesto en la ley N° 16.618, de Menores, en lo no previsto en este cuerpo legal. La demanda podrá omitir la indicación del domicilio del demandado si éste no se conociera. En este caso, y en aquél en que el demandado no fuera habido en el domicilio señalado en la demanda, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para determinar, en el más breve plazo, su domicilio actual. En tal caso, el tribunal procederá en conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la ley Nº 19.968.
Artículo 3.

En virtud de esta presunción, el monto mínimo de la pensión alimenticia que se decrete a favor de un menor alimentario no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del ingreso mínimo remuneracional que corresponda según la edad del alimentante. Tratándose de dos o más menores, dicho monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos.

Todo lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7° de la presente ley.
Para los efectos de decretar los alimentos cuando un menor los solicitare de su padre o madre, se presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgarlos.
PATRICIO ULLOA VARGAS ABOGADO

Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para pagar el monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá rebajarlo prudencialmente.

Cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo que establece el artículo 232 del Código Civil.
Artículo 4.

El demandado tendrá el plazo de cinco días para oponerse al monto provisorio decretado. En la notificación de la demanda deberá informársele sobre esta facultad.

Presentada la oposición, el juez resolverá de plano, salvo que del mérito de los antecedentes estime necesario citar a una audiencia, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes.

Si en el plazo indicado en el inciso segundo no existe oposición, la resolución que fija los alimentos provisorios causará ejecutoria.

El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen.

La resolución que decrete los alimentos provisorios o la que se pronuncie provisionalmente sobre la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, será susceptible del recurso de reposición con apelación subsidiaria, la que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su vista y fallo.

El juez que no dé cumplimiento a lo previsto en el inciso primero incurrirá en falta o abuso que la parte agraviada podrá perseguir conforme al artículo 536 del Código Orgánico de Tribunales.
En los juicios en que se demanden alimentos el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios, junto con admitir la demanda a tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados.
Artículo 5.

Para efectos de lo anterior, el tribunal citará al demandado a la audiencia preparatoria personalmente o representado, bajo apercibimiento del apremio establecido en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil.

Si el demandado no da cumplimiento a lo ordenado conforme al inciso primero, o si el tribunal lo estima necesario, deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las Instituciones de Salud Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a cualquier otro organismo público o privado, los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado.
El juez, al proveer la demanda, ordenará que el demandado acompañe, en la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica. En el evento de que no disponga de tales documentos, acompañará, o extenderá en la propia audiencia, una declaración jurada, en la cual dejará constancia de su patrimonio y capacidad económica. La declaración de patrimonio deberá señalar el monto aproximado de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, individualizando lo más completamente posible, si los tuviere, sus activos, tales como bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades o sociedades.
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PATRICIO ULLOA VARGAS ABOGADO

El ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, efectuado en juicio en que se exija el cumplimiento de la obligación alimenticia, será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados.

El demandado que no acompañe todos o algunos de los documentos requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del artículo 207 del Código Penal.

La inclusión de datos inexactos y la omisión de información relevante en la declaración jurada que el demandado extienda conforme a este artículo, será sancionada con las penas del artículo 212 del Código Penal.

Los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como los actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario, podrán revocarse conforme al artículo 2.468 del Código Civil. Para estos efectos, se entenderá que el tercero está de mala fe cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del alimentante. Todo lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La acción se tramitará como incidente, ante el juez de familia. La resolución que se pronuncie sobre esta materia será apelable en el solo efecto devolutivo.
Artículo 6.

Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el monto y lugar de pago de la misma.
Las medidas precautorias en estos juicios podrán decretarse por el monto y en la forma que el tribunal determine de acuerdo con las circunstancias del caso.
Artículo 7.

Las asignaciones por "carga de familia" no se considerarán para los efectos de calcular esta renta y corresponderán, en todo caso, a la persona que causa la asignación y serán inembargables por terceros.

Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en una suma determinada, ésta se reajustará semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o el organismo que haga sus veces, desde el mes siguiente a aquél en que quedó ejecutoriada la resolución que determina el monto de la pensión.

El secretario del tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a reliquidar la pensión alimenticia, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior.
El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante.
Artículo 8.
Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del empleador. La resolución judicial que así lo ordene se notificará a la persona natural o jurídica que, por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero, a fin
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PATRICIO ULLOA VARGAS ABOGADO

de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté.

La notificación de las resoluciones a que se refiere el inciso anterior se efectuará por carta certificada, dejándose testimonio en el expediente de que la persona fue notificada por este medio, de la fecha de entrega de la carta a la oficina de correos, la individualización de dicha oficina y el número de comprobante emitido por ella, el cual se adherirá al expediente a continuación del testimonio. La notificación se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente a la fecha recién aludida. Si la carta certificada fuere devuelta por la oficina de correos por no haberse podido entregar al destinatario, se adherirá al expediente.

El demandado dependiente podrá solicitar al juez, por una sola vez, con fundamento plausible, en cualquier estado del juicio y antes de la dictación de la sentencia, que sustituya, por otra modalidad de pago, la retención por parte del empleador.

La solicitud respectiva se tramitará como incidente. En caso de ser acogida, la modalidad de pago decretada quedará sujeta a la condición de su íntegro y oportuno cumplimiento, siempre que dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno.

De existir incumplimiento, el juez, de oficio, y sin perjuicio de las sanciones y apremios que sean pertinentes, ordenará que en lo sucesivo la pensión alimenticia decretada se pague conforme al inciso primero.
Artículo 9.

El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin autorización del juez. Si se tratare de un bien raíz, la resolución judicial servirá de título para inscribir los derechos reales y la prohibición de enajenar o gravar en los registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces. Podrá requerir estas inscripciones el propio alimentario.

La constitución de los mencionados derechos reales no perjudicará a los acreedores del alimentante cuyos créditos tengan una causa anterior a su inscripción.

En estos casos, el usufructuario, el usuario y el que goce del derecho de habitación estarán exentos de las obligaciones que para ellos establecen los artículos 775 y 813 del Código Civil, respectivamente, estando sólo obligados a confeccionar un inventario simple. Se aplicarán al usufructuario las normas de los artículos 819, inciso 1º, y 2466, inciso 3º, del Código Civil.

Cuando el cónyuge alimentario tenga derecho a solicitar, para sí o para sus hijos menores, la constitución de un usufructo, uso o habitación en conformidad a este artículo, no podrá pedir la que establece el artículo 147 del Código Civil respecto de los mismos bienes.

El no pago de la pensión así decretada o acordada hará incurrir al alimentante en los apremios establecidos en esta ley y, en el caso del derecho de habitación o usufructo recaído sobre inmuebles, se incurrirá en dichos apremios aun antes de haberse efectuado la inscripción a que se refiere el inciso segundo.
El juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión, parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante para satisfacer necesidades permanentes de educación, salud o vivienda del alimentario.4
PATRICIO ULLOA VARGAS ABOGADO

Artículo 10.

Lo ordenará especialmente si hubiere motivo fundado para estimar que el alimentante se ausentará del país. Mientras no rinda la caución ordenada, que deberá considerar el periodo estimado de ausencia, el juez decretará el arraigo del alimentante, el que quedará sin efecto por la constitución de la caución, debiendo el juez comunicar este hecho de inmediato a la misma autoridad policial a quien impartió la orden, sin más trámite.
El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución.
Artículo 11.

En las transacciones sobre alimentos futuros tendrán la calidad de ministros de fe, además de aquellos señalados en otras disposiciones legales, los Abogados Jefes o Coordinadores de los Consultorios de la respectiva Corporación de Asistencia Judicial, para el solo efecto de autorizar las firmas que se estamparen en su presencia.

El juez sólo podrá dar su aprobación a las transacciones sobre alimentos futuros, a que hace referencia el artículo 2.451 del Código Civil, cuando se señalare en ellas la fecha y lugar de pago de la pensión, y el monto acordado no sea inferior al establecido en el artículo 3° de la presente ley. La mención de la fecha y lugar de pago de la pensión será necesaria, asimismo, para que el tribunal apruebe los avenimientos sobre alimentos futuros.

Salvo estipulación en contrario, tratándose de alimentantes que sean trabajadores dependientes, el juez ordenará como modalidad de pago de la pensión acordada la retención por parte del empleador.

Esta modalidad de pago se decretará, sin más trámite, toda vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada.
Toda resolución judicial que fijare una pensión alimenticia, o que aprobare una transacción bajo las condiciones establecidas en el inciso tercero, tendrá mérito ejecutivo. Será competente para conocer de la ejecución el tribunal que la dictó en única o en primera instancia o el del nuevo domicilio del alimentario.
Artículo 12.

Solamente será admisible la excepción de pago y siempre que se funde en un antecedente escrito.

Si no se opusieran excepciones en el plazo legal, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento para que el acreedor haga uso de su derecho en conformidad al procedimiento de apremio del juicio ejecutivo.

Si las excepciones opuestas fueren inadmisibles, el tribunal lo declarará así y ordenará seguir la ejecución adelante.
El requerimiento de pago se notificará al ejecutado personalmente o por cédula, la que contendrá copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. La notificación se efectuará por un receptor-visitador del mismo tribunal, por los asistentes sociales agregados o pertenecientes al Juzgado, por receptores de Juzgados de Letras, o, excepcionalmente y por resolución fundada, por funcionarios policiales, en el domicilio del ejecutado. Si éste no fuere habido, se procederá en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se hallare en el lugar del juicio.
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El mandamiento de embargo que se despache para el pago de la primera pensión alimenticia será suficiente para el pago de cada una de las venideras, sin necesidad de nuevo requerimiento; pero si no se efectuara oportunamente el pago de una o más pensiones, deberá, en cada caso, notificarse por cédula el mandamiento, pudiendo el demandado oponer excepción de pago dentro del término legal a contar de la notificación.
Artículo 13.

La resolución que imponga la multa tendrá mérito ejecutivo una vez ejecutoriada

El empleador deberá dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral con el alimentante. En caso de incumplimiento, el tribunal aplicará, si correspondiere, la sanción establecida en los incisos precedentes. La notificación a que se refiere el artículo 8° deberá expresar dicha circunstancia.

En caso de que sea procedente el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo a que se refieren los artículos 161 y 162 del Código del Trabajo, será obligación del empleador retener de ella la suma equivalente a la pensión alimenticia del mes siguiente a la fecha de término de la relación laboral, para su pago al alimentario.

Asimismo, si fuere procedente la indemnización por años de servicio a que hace referencia el artículo 163 del Código del Trabajo, o se pactare ésta voluntariamente, el empleador estará obligado a retener del total de dicha indemnización el porcentaje que corresponda al monto de la pensión de alimentos en el ingreso mensual del trabajador, con el objeto de realizar el pago al alimentario. El alimentante podrá, en todo caso, imputar el monto retenido y pagado a las pensiones futuras que se devenguen.

El no cumplimiento de las retenciones establecidas en los dos incisos precedentes hará aplicable al empleador la multa establecida en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda.
Si la persona natural o jurídica que deba hacer la retención a que se refiere los artículos 8° y 11º, desobedeciere la respectiva orden judicial, incurrirá en multa, a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad mandada retener, lo que no obsta para que se despache en su contra o en contra del alimentante el mandamiento de ejecución que corresponda.
Artículo 14.

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días.

Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio, si lo estima estrictamente necesario, podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile. La policía deberá intimar previamente la actuación a los moradores, entregándoles una
Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin más trámite, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.
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comunicación escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. Si el alimentante no es habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza pública investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo el apremio.

En todo caso, la policía podrá arrestar al demandado en cualquier lugar en que éste se encuentre.

En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios por la falta de pago de unas mismas cuotas, las pensiones alimenticias atrasadas devengarán el interés corriente entre la fecha de vencimiento de la respectiva cuota y la del pago efectivo.

En las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también orden de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. Para estos efectos, las órdenes de apremio y de arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá recibir válidamente el pago la unidad policial que les dé cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudor. Esta disposición se aplicará asimismo en el caso del arraigo a que se refiere el artículo 10.

Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios necesarios para el pago de su obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto.

Igual decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de Gendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las seis semanas antes del parto y doce semanas después de él, o de circunstancias extraordinarias que impidieren el cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave.
Artículo 15.
El apremio regulado en el artículo precedente se aplicará al que, estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas en dicha disposición, ponga término a la relación laboral por renuncia voluntaria o mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la notificación de la demanda y carezca de rentas que sean suficientes para poder cumplir la obligación alimenticia.
Artículo 16.
Sin perjuicio de los demás apremios y sanciones previstos en la ley, existiendo una o más pensiones insolutas, el juez adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas: 1. Ordenará, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República, que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta

La Tesorería deberá comunicar al tribunal respectivo el hecho de la retención y el monto de la misma.
que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias, los montos insolutos y las pensiones que se devenguen hasta la fecha en que debió haberse verificado la devolución.
2. Suspenderá la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses

En el evento de que la licencia de conducir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al alimentante, éste podrá solicitar la interrupción de este apremio, siempre que garantice el pago de lo adeudado y se obligue a solucionar, dentro de un plazo que
, prorrogables hasta por igual período, si el alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Dicho término se contará desde que se ponga a disposición del administrador del Tribunal la licencia respectiva.7
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no podrá exceder de quince días corridos, la cantidad que fije el juez, en relación con los ingresos mensuales ordinarios y extraordinarios que perciba el alimentante.

Las medidas establecidas en este artículo procederán también respecto del alimentante que se encuentre en la situación prevista en el artículo anterior.
Artículo 17.
Derogado.
Artículo 18.

El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días.
Serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia los que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación.
Artículo 19.
Si constare en el expediente que en contra del alimentante se hubiere decretado dos veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su caso, ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, lo siguiente: 1.

Decretar la separación de bienes de los cónyuges.
2.

La circunstancia señalada en el inciso anterior será especialmente considerada para resolver sobre:

a) La falta de contribución a que hace referencia el artículo 225 del Código Civil. b) La emancipación judicial por abandono del hijo a que se refiere el artículo 271, número 2, del Código Civil.
Autorizar a la mujer para actuar conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 138 del Código Civil, sin que sea necesario acreditar el perjuicio a que se refiere dicho inciso.
3.
Autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante, en cuyo caso procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 49 de la ley Nº 16.618.Artículo 20. Sin perjuicio de la radicación de la competencia en el tribunal que esté conociendo del asunto, serán aplicables las normas establecidas en la presente ley a los alimentos que se soliciten incidentalmente en los juicios sobre violencia intrafamiliar, reclamación de la filiación, separación de bienes, divorcio y en general, en cualquier otro procedimiento en que la ley contemple expresamente la posibilidad de solicitarlos

Primer tramite constitucional Proy. Sen F, Chahuan

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos.

BOLETÍN Nº 7.765-07

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HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informar el proyecto de ley señalado en el epígrafe, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señor Chahuán, señora Alvear y señores Espina, y Larraín, don Hernán.

A la sesión en que la Comisión trató esta iniciativa asistieron, especialmente invitados, la Jueza del Tercer Tribunal de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni, y el Director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Mauricio Tapia.

Concurrieron, asimismo, la Directora Jurídica del Ministerio de Justicia, señora Paulina González; el asesor parlamentario de la Honorable Senadora señora Alvear, señor Jorge Cash, y el asesor legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada.

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No obstante que el proyecto de ley es de artículo único, la Comisión lo discutió sólo en general y acordó, unánimemente, proponer que la Sala proceda de la misma forma, con el fin de considerar, durante la discusión en particular de esta iniciativa, otras proposiciones que la perfeccionen.

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OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO

Facilitar el cumplimiento de las sentencias que condenan al pago de pensiones alimenticias en favor de menores de edad.

ANTECEDENTES

1.- De Derecho

1.1.- Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Justicia, de 30 de mayo del año 2000.

1.2.- Ley Nº 17.322, que establece Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social.

2.- De Hecho

La Moción que da origen al presente proyecto modifica el artículo 14 de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Este precepto, junto con el artículo 16, faculta al juez de familia para imponer un conjunto de medidas de apremio para hacer efectivo el pago de pensiones de alimentos.

En lo que interesa a este informe, el artículo 14 faculta al juez para decretar el arresto nocturno, hasta por quince días, del deudor de pensiones alimenticias impagas, medida que se puede repetir hasta obtener la cancelación de la suma adeudada. Agrega que si el demandado no cumple con su obligación el tribunal puede ampliar dicho plazo de arresto hasta por treinta días.

Asimismo, el juez de familia puede autorizar a la policía para que allane y descerraje el domicilio del demandado y ordenar que sea conducido directamente ante Gendarmería.

Si el alimentante no es habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez puede ordenar a la fuerza pública que averigüe su paradero y adopte todas las medidas necesarias para hacer efectivo el apremio.

La Moción hace presente que estas medidas de apremio, si no han tenido resultados positivos después de que hayan sido tramitadas por las unidades policiales a quienes se ordenó su ejecución, son devueltas al tribunal, no quedando registro de las mismas, lo que impide que ellas se mantengan vigentes, haciendo ineficaz la acción judicial.

Con el fin de solucionar este problema, y siguiendo el ejemplo de lo que prescribe el artículo 12 de la ley N° 17.322 -que establece Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social-, se propone modificar el inciso tercero del mencionado artículo 14 para establecer expresamente que tanto la orden de apremio como su suspensión, deberán ser comunicadas a la Policía de Investigaciones de Chile, para su registro, de forma de aumentar la efectividad de esta medida de apremio.

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DISCUSIÓN EN GENERAL

Al comenzar el estudio de esta iniciativa, la Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Alvear ofreció la palabra a la Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni.

La invitada comenzó su intervención agradeciendo la invitación cursada para tratar este proyecto que se vincula con materias que ha debido analizar como integrante de una unidad de apoyo de la Corte Suprema para el estudio de la reforma a la legislación de familia.

A continuación, hizo presente que si bien se habían producido importantes progresos en los juicios declarativos de alimentos aún faltaba avanzar en el perfeccionamiento de las normas relativas a la ejecución de las sentencias de los Tribunales de Familia.

Manifestó que estos tribunales han mejorado su funcionamiento acortando significativamente los plazos en que se realizan las audiencias y se resuelven los asuntos sometidos a su conocimiento. Lo anterior, explicó, se ha debido a cambios administrativos implementados a partir de diversos Autos Acordados que ha dictado la Excma. Corte Suprema, entre los cuales destaca el Acta N° 98, del año 2009.

Señaló que algunas de las disposiciones contenidas en ellos debieran traducirse en normas de rango legal para un mejor desarrollo de todos los procedimientos que inciden en la ejecución de las sentencias que dictan los tribunales de familia.

Seguidamente, se refirió a los criterios de interpretación que utilizan los mencionados tribunales en materia de alimentos.

En primer lugar, recordó que los alimentos que se les deben a los menores de edad tienen el carácter de derecho fundamental, pues garantiza la supervivencia de los niños, asegurando su adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Este derecho, acotó, es uno de los pilares esenciales del principio de protección del denominado “interés superior del niño”, recogido en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño.

Expresó que como correlato a lo anterior, el Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para ayudar a los padres u otras personas obligadas por estas prestaciones a dar efectividad a este derecho, asegurando el pago de las pensiones alimenticias.

Observó que estos criterios de interpretación también están confirmados en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que determina un ámbito de protección especial los derechos fundamentales de los niños, regulando, a su vez, las obligaciones especiales de protección por parte de las familias, la Sociedad y los Estados.

En concordancia con lo anterior, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que existe un “Corpus Juris” que surgió consecuencia de la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en lo relativo a la protección de la niñez y la infancia. Hizo presente que ese conjunto de normas imponen al Estado el deber de dar protección a los niños y garantizar el pago de las obligaciones alimenticias. Recordó que ese deber también está consignado en otros instrumentos internacionales, tales como las declaraciones sobre los Derechos del Niño de 1924 y 1959; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (“Reglas de Beijing de 1985”); las Reglas sobre Medidas No Privativas de la Libertad en contra de Niños (“Reglas de Tokio de 1990”); las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (“Reglas de Riad de 1990”), y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de alcance general.

Por otra parte, recordó que para interpretar el sentido y alcance de lo que ha de entenderse por “interés superior del niño” ha de tenerse en cuenta la opinión consultiva Nº 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que establece que “el principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.”.

Señaló que en concordancia con lo anterior se ha precisado que ha de entenderse por “Vida Digna”, a partir de lo que dispone el artículo 4° de la Convención Interamericana. Precisó que la protección de ese Derecho impone al Estado el deber de proveer las condiciones necesarias para que la vida revista condiciones dignas que les permita a todos –especialmente niños, niñas y adolescentes- llegar a bastarse a sí mismos y facilitar su participación en la Sociedad.

Puntualizó que la legislación chilena reconoce estos principios en el artículo 16 de la ley N° 19.968 que creó los Tribunales de Familia. Esta normativa tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

En ese precepto –continuó- se consagra como principios rectores del quehacer de los jueces de familia la protección del interés superior del niño y su derecho a ser oído.

Sostuvo, asimismo, que el artículo 13 de la mencionada ley impone a los jueces de familia el deber de proceder con la mayor celeridad posible para otorgar protección a los niños; dar curso progresivo al procedimiento, salvar errores formales y omisiones subsanables, y solicitar a las partes antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de las causas que afectan a menores.

Manifestó que este marco normativo crea un sistema especial de actuación en el ámbito de la judicatura de familia que es distinto al que impera en materia civil o penal.

Resaltó que esta diferencia también debe expresarse en la ejecución de las sentencias que imponen obligaciones al alimentante. Se trata –sostuvo- de resguardar los derechos de un niño frente a un adulto que tiene una obligación moral y legal, que va más allá del campo de los deberes contractuales meramente civiles. En materia de alimentos, agregó, existe un compromiso de carácter ético, con relevancia jurídica y social, entre el deudor y el beneficiario.

Afirmó, en concordancia con los criterios indicados, que resulta indispensable lograr que estos principios que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes se apliquen efectivamente con ocasión de la ejecución de las obligaciones alimenticias decretadas judicialmente.

Seguidamente, se refirió a los problemas que se presentan en la implementación de las resoluciones que dictan los tribunales de familia.

En primer lugar, señaló que era indispensable aclarar, en el artículo 14 de la ley N° 14.908, el alcance de las normas sobre notificaciones de las resoluciones judiciales. Hizo presente que si bien en estos juicios declarativos la resolución que comunica una medida de apremio debe notificarse personalmente o por cédula, las restantes resoluciones debieran notificarse por el estado diario. Como esto último no está claramente establecido, muchas resoluciones se están notificando personalmente o por cédula lo que retarda estos procedimientos.

En segundo lugar, indicó que era necesario determinar qué domicilio va a ser válido para notificar la ejecución de una sentencia que impone obligaciones al alimentante. En otras palabras si dicha resolución se puede notificar en el domicilio que fijó el demandado o también en el que ha indicado la parte demandante.

Asimismo, expresó que era importante dilucidar las dudas que existen respecto a si la medida de apremio también hay que notificarla al abogado del alimentante. Explicó que la no resolución de esta cuestión genera retrasos en estos juicios.

Señaló que todas estas cuestiones debían resolverse previamente a una medida de apremio.

Luego, hizo presente que en materia de ejecución de sentencias y aplicación de medidas de apremio los tribunales de familia no sólo debían coordinarse con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones sino que también con Gendarmería de Chile. Al respecto señaló que, por ejemplo, en la ciudad de Concepción tuvieron que adoptarse medidas administrativas para que Gendarmería recibiera detenidos más allá de las 17:00 horas.

A continuación, puntuaizó que se ha interpretado muy restrictivamente la facultad del juez para decretar un allanamiento que contempla el inciso tercero del artículo 14 de la Ley sobre Abandono de Familia. En la medida que dicha disposición establece que éste sólo se puede decretar cuando se estime estrictamente necesario, sucede que el allanamiento sólo se utiliza excepcionalmente lo que muchas veces impide detener a personas que se sabe que están en sus domicilios pero que se niegan a entregarse. En este sentido, sugirió legislar para precisar que la orden de arresto al alimentante debe despacharse siempre con facultades de allanamiento y descerrajamiento.

Por otra parte, puntualizó que se requiere perfeccionar las normas relativas a la suspensión de la licencia de conducir del deudor, medida que en parte ha sido regulada por el Auto Acordado 55-2008 de la Excma. Corte Suprema. En dicho acuerdo se establece que la resolución que ordena la suspensión de la licencia debe hacerse efectiva mediante el envío de un oficio al Servicio de Registro Civil ordenando la inscripción de su suspensión. Asimismo, se ha previsto un procedimiento para regular la situación que se produce cuando la licencia es indispensable para el ejercicio de la actividad del alimentante.

Sostuvo, asimismo, que era necesario revisar las normas que regulan las imputaciones al pago. En esta materia recordó que de conformidad al artículo 9° el juez de familia puede efectuar las imputaciones de pago al momento de fijarse los alimentos o después de dictada la sentencia, situación que crea problemas de interpretación. Asimismo, respecto de los alimentos provisorios sugirió que sería conveniente fijar un plazo determinado en la ley de manera de facilitar su ejecución y promover la demanda de alimentos definitivos.

En otro orden de materias, señaló que también existen problemas en relación con las normas que regulan la responsabilidad de terceros en materia de alimentos. Sobre este punto, expresó que no se contempla un procedimiento efectivo y oportuno para llevar adelante la acción que permita establecer la solidaridad en el pago de las pensiones de alimentos y aplicar las sanciones respectivas. Al respecto, propuso considerar la posibilidad de establecer un plazo legal para que el tercero que es notificado en cumplimiento de esta obligación evacue un traslado, ya que la regulación de este punto no es pacífica en la interpretación jurisprudencial.

A continuación se refirió a los problemas que se generan cuando el alimentante es un trabajador independiente con contrato a honorarios o percibe jubilación. Al respecto, recordó que existen posiciones encontradas en orden a la posibilidad de aplicar o no por analogía las normas de retención de remuneraciones que se aplican a los trabajadores dependientes.

En este mismo ámbito, indicó que muchas empresas, amparándose en la legislación laboral, no permiten retenciones que impliquen limitar la remuneración del alimentante a menos del 50% de lo efectivamente percibido. Sobre el punto, manifestó que debe quedar claro en la ley que las empresas no pueden cuestionar el monto fijado por el Tribunal o por las partes, sino que deben limitarse a cumplir lo ordenado, y la retención en este caso debería efectuarse sobre el total de los haberes, salvo los descuentos estrictamente legales.

Por su parte, observó que en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación, el límite del 50% de las rentas del alimentante debe ser revisado. Planteó que aquel de los padres que tiene a su cargo el cuidado de los hijos generalmente invierte un porcentaje bastante mayor del 50% de sus ingresos para satisfacer las necesidades de sus hijos. Por tanto, aseveró que sería deseable establecer que los aportes de los padres se realicen en proporción a sus efectivas facultades económicas.

A este respecto, añadió que siguiendo el criterio que establece el artículo 3° de la ley Nº 14.908 -que presume que el alimentante tiene los medios para pagar sus obligaciones respecto del alimentado- también debiera presumirse legalmente que existe un nivel mínimo de necesidades de los niños que deben ser satisfechas.

En relación con las dificultades procedimentales que enfrentan los tribunales de familia hizo presente que es indispensable que la ley consagre herramientas que permiten dar curso progresivo a las causas sobre alimentos y a aquellas en que se encuentran involucrados los derechos de los niños.

En este sentido, sugirió, finalmente, seguir un modelo que ya se ha implementado administrativamente y que permite separar las causas según la tipología de casos, distinguiéndose entre las causas más complejas –donde la prueba es mayor y la intensidad de la discusión es más amplia- de aquellas que son más fáciles de resolución. Esta distinción ha permitido a los tribunales de familia concentrar audiencias de menor cuantía, en el caso de los alimentos, lo que permite dictar sentencias en la primera audiencia. Esta medida, recordó está contemplada en el Auto Acordado 98, de 2009, por lo que sugirió su incorporación en la ley.

A continuación, intervino el Director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Mauricio Tapia, agradeció la invitación cursada e inició su presentación presentando algunas reflexiones en torno al alcance de la reforma propuesta y al contexto en que esta se enmarca.

En primer lugar precisó que de las relaciones de familia surgen derechos y obligaciones extra patrimoniales como son el de respeto recíproco y de autoridad paterna. Puntualizó que estos derechos no tienen que ver con consideraciones de orden pecuniario.

Agregó que los deberes patrimoniales son excepcionales y se hacen especialmente exigibles cuando se produce el quiebre de las relaciones familiares.

Sostuvo que en el caso de las familias que conviven adecuadamente estas obligaciones son cumplidas sin ningún tipo de apremio, y su monto queda entregado al criterio de sus miembros, contexto en el que el derecho tiene poco que decir. Observó que esta situación cambia cuando hay un quiebre familiar o se está en presencia de filiaciones no queridas que fueron fruto de relaciones pasajeras; en este escenario cobran importancia estos derechos de contenido patrimonial porque a través ellos se asegura el sustento y la crianza de los hijos.

Señaló que los derechos de familia de índole patrimonial son obligaciones civiles, y como tales están reguardados por instrumentos muy antiguos que aseguran su cumplimiento, como son el derecho de prenda general, las garantías reales o personales, y otras medidas más excepcionales como la acción oblicua o subrogatoria y la acción pauliana. Planteó que acudir a estos instrumentos jurídicos resulta engorroso cuando se quiere proteger rápidamente los derechos patrimoniales de familia, razón por la que se ha admitido que también se puedan ocupar apremios personales, los que les da cierto cariz que los acerca al derecho penal.

Seguidamente, recalcó que los apremios personales no son una forma de pago ni reemplazan al pago de las obligaciones dinerarias emanadas de las relaciones de familia, sino que sólo sirven para presionar al deudor.

A continuación, planteó algunas interrogantes acerca de la efectividad de las medidas de apremio para conseguir el objetivo para el cual se han establecido.

Manifestó que si bien la reforma de la ley Nº 20.152 estableció un conjunto de medios para facilitar la determinación y el cobro de pensiones de alimentos -como son la facultad de retener la devolución de impuestos del alimentante, la suspensión de su licencia de conducir y la posibilidad de requerir al empleador de ese deudor que efectúe la retención de sus remuneraciones que el tribunal haya ordenado-, no reguló pormenorizadamente el procedimiento para hacer vales esos nuevos derechos. Agregó que no es razonable que existan dudas respecto a cómo deben notificarse determinadas resoluciones que imponen apremios que deben respetar el principio del debido proceso. En este sentido, insistió en la necesidad de regular adecuadamente la forma en que se aplicarán o llevarán adelante las medidas de apremio que estable la ley.

Indicó que era relevante reunir mayores antecedentes para medir el grado de cumplimiento de las medidas de apremio que decretan los tribunales de familia. Expresó que había recabado información sobre este asunto pero que no había encontrado antecedentes que dieran completa claridad a esta materia. Señaló que no existen datos precisos respecto al número de medidas de apremio quedan sin cumplirse y cuál es el grupo objetivo de personas se refiere la modificación legal propuesta por esta iniciativa. Manifestó que tampoco encontró datos sobre el número de pensiones alimenticias solicitadas.

Seguidamente, puntualizó que sólo tenía algunas estadísticas que indican que de 240 mil nacimientos que se habían producido el año 2005 alrededor de 110 mil madres demandaron una pensión alimentos. Hoy, sostuvo, existen 260.000 nacimientos por año de los cuales probablemente un 40 por ciento de ellos da lugar a una demanda de alimentos.

Agregó que de los antecedentes que ha podido reunir se puede concluir que anualmente se producen alrededor de quince mil arrestos por esta causa.

Señaló que probablemente la advertencia que se hace al demandado en los juicios por alimentos, o en la etapa de mediación previa, de que puede ser apremiado con la medida de arresto cumple un papel disuasivo importante que es necesario precisar.

Asimismo, comentó que de acuerdo con los datos que ha elaborado Gendarmería de Chile cada detenido por estas causas de alimentos cumple 11 noches de arresto, y que durante el año recién pasado 6.058 personas egresaron de los establecimientos penitenciarios después de haber cumplido con la totalidad de la medida - o sea, sin pagar la pensión adeudada – además que 3.000 órdenes judiciales que originalmente imponían esta medida fueron dejadas sin efecto por orden del tribunal y que cerca de 4.000 personas incumplieron de una otra forma el fallo al no presentarse a una o más jornadas de encierro nocturno. Finalmente que apenas 239 personas fueron liberadas durante ese año por haber pagado la pensión adeudada, lo que demuestra que la ejecución de este apremio no tiene mayor utilidad práctica como forma de obligar al pago de una pensión.

Puntualizó que la norma de retención de remuneraciones que se aplica a los deudores de pensiones alimenticias que son trabajadores dependientes parece ser suficiente para garantizar el cumplimiento exacto de la obligación alimentaria para este tipo de personas, por lo que el problema se concentra en los trabajadores esporádicos o a honorarios. Relató que ante esta situación el derecho comparado ha intentado algunas soluciones. A modo de ejemplo, citó el caso de Francia donde se adoptó - durante la década de los 70 del siglo pasado -, un mecanismo ideado por el jurista Jean Carbonnier, que permite al alimentario recurrir contra cualquiera que tenga la calidad de deudor del alimentante y requerirle a nombre de este último el pago de su deuda para imputarla a la pensión adeudada. Con todo, observó que este mecanismo es útil en una sociedad desarrollada en la que los deudores de familia tienen un patrimonio importante y varias acreencias a su haber.

Seguidamente, puntualizó que en Chile cualquier persona que incumpla una obligación comercial, por pequeña que sea, es incorporada a un registro público de deudores morosos, lo que puede acarrear problemas para obtener un crédito o conseguir un trabajo. En razón de ello, planteó que podría considerarse la posibilidad de generar un registro nacional de deudores morosos de pensiones alimenticias.

Refiriéndose específicamente a la Moción expresó que existían algunas dudas que era necesario dilucidar, tales como ¿qué pasa en los lugares en los que no hay cuartel de la Policía de Investigaciones?; ¿cuántos recursos se consideran para la necesaria coordinación que requeriría el registro de órdenes pendientes?, y ¿en qué situación quedarían frente al registro las reiteraciones judiciales de órdenes de apremio? Observó que además había que tener en cuenta que las órdenes de apremio son por un monto determinado que considera únicamente lo no pagado hasta la resolución que las contiene, y no las sumas que se devenguen con posterioridad.

Finalizó su intervención precisando que quizás sería conveniente también estudiar en detalle las deficiencias procesales que detalló previamente la Jueza Negroni ya que no es claro que el arresto sea una manera efectiva para compeler al pago de las pensiones alimenticias impagas.

A continuación, la Presidenta de la Comisión ofreció la palabra los Senadores presentes.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio agradeció las intervenciones de los invitados, pues ellas muestran que el problema que intenta solucionar esta iniciativa tiene más aristas que la solución legislativa que ella ofrece, por lo que parece necesario que el Ejecutivo haga un estudio más omnicomprensivo del tema y presente, a través de las indicaciones, otras medidas que permitan enfrentar este tema.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que esta Moción era un buen punto de partida para estudiar esta materia, pero resultaba imprescindible, tal como lo indicó el Honorable Senador señor Walker, don Patricio, que las inquietudes planteadas en las exposiciones precedentes sean consideradas en un estudio más profundo que debe acometer el Gobierno.

La Directora Jurídica del Ministerio de Justicia, señora Paulina González, manifestó que aunque en principio este tema no se encontraba entre las prioridades de la agenda legislativa de esa Secretaría de Estado, si podría constituirse una Mesa de Trabajo que ponderara los resultados obtenidos con la reforma de la ley Nº 20.152 de 2007 a la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

Expresó que la idea de crear un Registro Nacional de Deudores podría ser efectiva, pero que su implementación requiere una evaluación y regulación adecuada para su implementación. Por otra parte, señaló que en el estudio de la aplicación de medidas de apremio también debía considerar el problema del actual hacinamiento carcelario.

La Jueza señora Negroni expresó que el año 2010 se tramitaron 193.000 causas de alimentos a nivel nacional, y en la inmensa mayoría de esos casos se observó que los padres de los menores involucrados no estaban juntos y la madre debía cargar con la parte más significativa de la responsabilidad económica y personal de la crianza de los niños.

Explicó que la modificación que se introdujo a la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias por la ley Nº 20.286, de 2008, más las medidas internas que ha implementado el Poder Judicial, han redundado en un notable impulso en tramitación de las causas que declaran el derecho de alimentos, al punto que el promedio nacional arroja que un 78% de ellas son falladas dentro de los 90 días siguientes, según se da cuenta en el siguiente gráfico:

Señaló que estas cifras no tienen un correlato similar en el proceso de ejecución de las sentencias por las razones que ha expresado precedentemente.

Hizo presente que la modificación que propone la Moción es una herramienta útil para revertir la situación antes descrita, pero para mejorar su eficacia es necesario ampliarla, estableciendo un espacio de coordinación entre la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y Gendarmería.

El Honorable Senador señor Orpis manifestó que el artículo 14 de la ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias utiliza el concepto de “adoptado” al enumerar quienes tienen derecho a impetrar las medidas que ahí se indican. Su Señoría recordó que en la última modificación de la ley de filiación se garantizó la igualdad entre todos los hijos, sin importar su origen filiativo, por lo que debe revisarse la inclusión del término en cuestión en la disposición citada.

El profesor señor Tapia indicó que históricamente el ordenamiento jurídico nacional ha incluido una serie de distinciones a este respecto que han resultado ser odiosamente discriminatorias, y que el legislador más moderno ha eliminado paulatinamente, por lo que en principio se mostró partidario de suprimir el referido término. Con todo, manifestó que ello debe hacerse después de una revisión completa de la normativa, pues es posible que en estatutos anteriores del adoptado se contemplen algunos derechos que no hayan sido considerados en la nueva legislación, y una eliminación del concepto podría acarrear problemas interpretativos.

La Honorable Senadora señora Alvear expresó que lo expuesto por los invitados y la discusión posterior han revelado que la Moción incide en un tema relevante que afecta el cumplimiento de las resoluciones judiciales emanadas de los tribunales de familia. No obstante lo anterior, hizo presente que ella aborda sólo un aspecto de aquellos que hay que revisar en materia de ejecución de las resoluciones que adoptan los tribunales de familia

En vista de lo anterior, propuso aprobar sólo en general esta iniciativa de manera de abrir un periodo largo de indicaciones para estudiar con calma que otras enmiendas se pueden introducir en la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones de Alimenticias para enfrentar los problemas planteados precedentemente.

- En concordancia con lo anterior, puso en votación en general el proyecto de ley, el cual que fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Larraín, don Hernán, Orpis y Walker, don Patricio.

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En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra proponer a la Sala la aprobación, en general, del siguiente:

“PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Agrégase, a continuación del punto final del inciso tercero del artículo 14 de la ley Nº 14.908, la siguiente oración:

“Tanto la orden de apremio como su suspensión, deberán ser comunicadas a la Policía de Investigaciones de Chile, para su registro.”.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela (Presidente), y señores Hernán Larraín Fernández, Jaime Orpis Bouchón y Patricio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 27 de diciembre de 2011.